Legislación básica

Legislación básica sobre discriminación

En la legislación internacional destacamos:

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948.
  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,  adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2106 A(XX) de 21 de diciembre de 1965.

En la legislación europea destacamos:

  • Directiva 2000/43/CE de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
    En el ámbito europeo, es especialmente importante esta Directiva,  que entre otros aspectos relevantes, incorpora la definición de la discriminación indirecta, el concepto de acoso, la protección contra las represalias, la inversión de la carga de la prueba excepto en los procedimientos penales, y la posibilidad de que las asociaciones y organizaciones puedan apoyar y defender a las víctimas en algunos procesos judiciales o administrativos. Asimismo, obliga a los Estados miembros a crear un organismo de promoción de la igualdad de trato que realice estudios, publique informes, formule recomendaciones y preste asistencia a las víctimas, todo ello de manera independiente. Directiva que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante La ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Capitulo III. “Medidas para la aplicación del principio de Igualdad de Trato).
  • Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.

En la Legislación estatal destacamos:

El artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 proclama la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, y el artículo 14 consagra que todos los españoles” son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguno por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El Código penal, en su artículo 510, establece sanciones para el delito de provocación a la discriminación, y para el de injurias realizadas por motivos discriminatorios contra grupos o asociaciones en relación a la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza.

Asimismo, los artículos 511 y 512 tipifican el delito de denegación de prestaciones por parte, tanto de encargados de servicios públicos en el ejercicio de sus funciones, como en su caso del ejercicio de actividades profesionales o empresariales de carácter privado.

También el artículo 314 establece sanciones para los responsables de una discriminación grave en el trabajo, en el sector público o privado, cuando ésta se produce, entre otros motivos, por pertenecer a un grupo étnico. Por último, el artículo 22.4 reconoce como agravante de la responsabilidad criminal, la motivación racista.

En la legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores también reconoce en su artículo 17 el derecho de los trabajadores a no ser discriminados por su origen étnico.

En el ámbito educativo, la Ley Orgánica de Educación, dispone en su artículo 84.3 que “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” .

La ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reconoce, asimismo, la obligación de actuar en todo momento con “absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión”.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.



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